lunes, septiembre 18, 2006

La tierra prometida, por Tobías

El conflicto por la venta de tierras fiscales en la provincia del Chaco no termina. Las protestas comenzaron hace dos meses, con cortes de ruta y campamentos en la plaza principal de Resistencia.
El próximo 4 de agosto, en el Foro de Intendentes del Frente de Todos, aliado al presidente Néstor Kirchner, se reunirán los dirigentes comunales para resolver el problema de la venta de tierras fiscales en la localidad de Villa Río Bermejito.
Sin embargo, las protestas continúan. El martes pasado, unas 100 familias de El Sauzalito, se reunieron para solicitar al gobierno provincial la adjudicación de las tierras fiscales que habitaron toda su vida. La mayoría de las familias no tienen documentación que les garantice su ocupación legal.
La reunión fue convocada por los vecinos de diferentes parajes cercanos a la localidad y contó con la presencia de los legisladores justicialistas Martín Nievas y Ricardo Sánchez, a quienes plantearon su gran preocupación por la situación en la que viven y lograron constituir una comisión vecinal llamada Fuerza vecinal por la lucha de las tierras, para gestionar la adjudicación de las tierras fiscales, ante las autoridades del Instituto de Colonización, el organismo que se encarga de administrar la venta de estas tierras.
Los reclamos de las poblaciones indígenas son: la entrega de tierras a las comunidades aborígenes, la suspensión de toda venta de tierras fiscales, la formación de una comisión investigadora para que se conozcan los nombres de los compradores y la ampliación del presupuesto del Instituto del Aborigen del Chaco (IDACH). La suma que este organismo recibe del gobierno provincial es de $560.000 y equivale a $7 por persona.
También piden la renuncia del intendente de la localidad de Villa Río Bermejito, Lorenzo Heffner, acusado de discriminación y racismo. Pero el gobernador de la provincia, Roy Nickisch, no aceptará este último pedido, según lo dijo en la última reunión que mantuvo con los representantes indígenas. Las tribus afectadas son Toba, Wichí y Mocoví.
Según las autoridades del IDACH, alrededor de 1.000.000 de hectáreas de tierras fiscales pueden ser entregadas a los pobladores aborígenes. Por su parte, el Instituto de Colonización, publicó un informe en el que asegura que, de acuerdo a un relevamiento de 2005, la provincia posee 3.482.984 hectáreas, de las cuales 1.358.589 están sujetas a escrituración.
La ley provincial 4133, que regula la venta directa de tierras fiscales, establece que un propietario debe tener al menos tres años de actividad en la tierra.